El afán recaudatorio de la Ley Mordaza

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Ahora que parece que se está volviendo a negociar la formación de un nuevo posible gobierno, donde todos partidos manifiestan su voluntad de negociar y luego con hechos demuestran todo lo contrario sería un buen momento para replantearse en esas negociaciones una reformulación, derogación y/o redacción de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, y que a poder ser, como de su denominación de desprende, responda efectivamente a hechos que tengan que ver con la protección de la seguridad ciudadana, y deje de ser, una ley represora, sancionadora y recaudatoria mayoritariamente, tal como está formulada y en vigor actualmente.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más comúnmente conocida como “ley mordaza”, el actual gobierno en funciones y su anterior mayoría parlamentaria introdujeron en ella el artículo 54, que establece que, una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento administrativo sancionador (primera carta), el sancionado dispone de un plazo de 15 días para el pago voluntario de la sanción, reduciéndose ésta a la mitad. De esta manera, si la sanción mínima es de 601 euros, se quedaría en 301 euros; renunciando en este caso el sancionado a presentar alegaciones, dándose por terminado el procedimiento administrativo sin necesidad de resolución expresa y siendo recurrible únicamente la sanción en el orden judicial contencioso-administrativo. En nuestra opinión esta medida atentan directa y claramente contra el artículo 24.1 de la Constitución Española, que establece el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Como vemos, la inclusión de dicho artículo en la Ley denota con claridad el afán recaudatorio y la intención de reducir los costes en el personal de la Administración encargado de la resolución de todos los recursos administrativos en materia de seguridad ciudadana, de los cuales el 87 % son sanciones por tenencia de drogas.

Esta técnica del “pronto pago”, que ya existía en materia de tráfico, seguridad social y tributaria, no solo se estableció en esta ley de “represión ciudadana” sino que también ha sido incluida en la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que entra en vigor el próximo dos de octubre, lo que supone establecer un “chantaje” generalizado en toda la materia administrativa sancionadora (caza, agricultura, pesca, etc…).

Cuando a una persona le sea impuesta una sanción de 601 euros por tenencia de cannabis, podrá optar por las siguientes opciones:

a) Pagar la sanción en el plazo de 15 días y no presentar alegaciones en vía administrativa, viendo reducida la cantidad a pagar en un 50%.

b) No pagar y recurrir la sanción, con lo que se perderá el derecho a la reducción por “pronto pago”.

c) Pagar en el plazo de 15 días y así ver reducida en la mitad el importe de la sanción, recurriendo después en vía judicial en el plazo de dos meses desde el momento del pago.

El problema de la tercera vía es que pagando la multa y luego recurriendo en vía contenciosa, el juez podría entender que se está reconociendo, aunque fuera de manera implícita la existencia del hecho sancionado, dificultando así de este modo la defensa en un posterior juicio únicamente: donde cuestionar la inexistencia de THC, la ilegalidad del cacheo o la desproporcionalidad de la sanción será más complicado.

Si optamos por esta opción de pagar los 301 euros de la sanción reducida y luego recurrimos judicialmente con el objeto de que se nos devuelva el dinero, tendremos que tener en cuenta que habrá que acarrear con los gastos del abogado, y, en caso de que el juez no termine por darnos la razón, podrían condenarnos en costas.

Todo esto hace que una persona se lo vaya a pensar mucho para recurrir una sanción por tenencia de drogas, ya que lo más sencillo sería pagar el importe reducido y olvidarse de un complejo y largo proceso administrativo o una reclamación judicial que puede durar años.

Bajo la óptica de una persona culpable, puede ser visto como una asunción de culpas y una manera de reducir la sanción por el hecho de pagar ésta rápidamente y colaborar con la Administración Tributaria. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de una persona inocente, podríamos estar ante el reconocimiento de unos hechos imputados que no son ciertos, con el único fin de evitar una sanción más abultada y que la injusticia sufrida sea el doble de dolorosa.

Desde nuestro punto de vista, esto atentaría contra el derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías procesales, el derecho a los recursos y a la tutela judicial efectiva, pues aunque sí que es verdad que en ningún momento se niegan expresamente estos derechos en la ley, en la práctica y haciendo simples operaciones matemáticas de los costes y beneficios que supone optar por una u otra opción, la limitación real que se impone a este derecho a recurrir en vía administrativa o judicial es tan grande, que este sistema de reducción por “pronto pago” debería ser revisado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en su caso la del Tribunal Constitucional cuando los ciudadanos afectados decidan recurrir en estas instancias.

Otro punto en donde se ve el claro propósito recaudatorio y represivo de esta ley es en el artículo 33, que establece la “graduación de las sanciones” y que dice que la sanción se impondrá en su grado medio cuando se acredite la circunstancia de reincidencia.

“La reincidencia, por la comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.”

El grado medio según establece el artículo 39.1 b) será de 10.401 a 20.200 euros.

Por lo tanto, si después de obtener una resolución en vía administrativa que establezca la firmeza de nuestra sanción, si en el plazo de dos años, nos imponen una sanción más, y la misma alcanza la firmeza en ese referido plazo de dos años, existe la posibilidad de tener que desembolsar la friolera de 10.401 euros, pudiendo acogernos a la reducción del 50% u optar por las opciones jurídicas que hemos comentado anteriormente.

CONCLUSIÓN.

La actual Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, aparte de tipificar hechos sancionables con el objeto de callar bocas y evitar protestas, lo que comúnmente se ha llamado poner la mordaza, parece estar diseñada para recaudar dinero a costa de gente que no lo merece. Esto se pretende llevar a cabo utilizando técnicas inconstitucionales y estableciendo unas sanciones por reincidencia del todo desproporcionadas que no tendría por qué soportar gente cuyo único “mal cometido” es el hecho de fumarse un porro. Aunque este hecho no hace ningún mal, podría verse fundamentado en base al motivo del “orden público” en supuestos como hacerlo en la puerta de un colegio o de una iglesia. Sin embargo, también pueden sancionarte por la tenencia de cannabis en el bolsillo, bastando para realizarte un cacheo legal, el simple indicio de la posible comisión de una infracción administrativa y no el indicio de la comisión de un delito (como sucedía en la ley anterior), incautándote con este cacheo una pequeña cantidad de marihuana, con la ristra de inconvenientes e injusticias que, como hemos visto en este artículo, supondría la incoación de un expediente administrativo sancionador.

 

Fuente: Estudio Jurídico BROTSANBERT

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