DROGOTEST ¿Seguridad Vial o Recaudación?

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Ya ha pasado mucho tiempo, demasiado, desde que el pasado 9 de mayo del año 2.014 entraba en vigor la última reforma de la Ley de Tráfico, muchas han sido las voces que se han alzado debido a lo injusto de la reforma y al fin recaudatorio de la misma, pero ello no ha hecho modificar, ni en lo más mínimo, la ley.

La más que probable inconstitucionalidad de la norma, la fiabilidad del “drogotest” ya varias veces cuestionada y la desinformación al respecto del procedimiento sancionador son hechos que ponen de manifiesto y cuestionan un procedimiento injusto, desproporcionado y donde apenas existe posibilidades de defensa, en la práctica son un elevado número de sancionados los que de deciden pagar la sanción con un descuento del 50% y renunciar a presentar alegación alguna, eso sí, perdiendo seis puntos del carnet de conducir.

Con esta colaboración no podremos, muy a nuestro pesar, evitar que se siga sancionando a los usuarios de cánnabis, principales afectados de este desafortunado procedimiento, pero intentaremos, al menos poner de manifiesto los motivos por los que consideramos que es todo un despropósito legal y racional que se sigan imponiendo estás sanciones. Únicamente os trasmitiremos una visión fundamentada de lo injusta que es esta norma y de las pautas mínimas que debéis seguir en caso tener la mala suerte de ser víctimas de este tipo de controles, información para poder decidir y actuar desde el primer momento.

Tened clara la diferencia entre presencia y afectación es fundamental para entender la barbaridad legislativa que supone la ley de tráfico, se trata de dos situaciones diferentes en sentido médico, jurídico e incluso filológico, presencia y afectación, no son lo mismo. Interesa tener en cuenta tres parámetros, primero cuando se produce afectación a pesar de que se consuma, segundo, cuanto duran esos efectos, ya que presencia no indica afectación, y tercero, como se miden esos efectos.

Para determinar la afectación mínima o el efecto en el organismo de la sustancia, es decir, la creación de efectos farmacológicos, el Instituto Nacional de Toxicología (informe del servicio de información toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología 12691/2003), máximo órgano institucional asesor de los Tribunales de Justicia y, en concreto, del Tribunal Supremo, en materia de analítica de fármacos, ha indicado que en el caso del T.C.H., los efectos farmacológicos se producen a partir de un consumo de 10 mg de T.H.C.. Es lo que se conoce como dosis mínima psicoactiva, que indica la cantidad mínima de una sustancia química, de origen natural o sintético, que tiene efecto en el organismo. Por lo tanto se trata de una dosis mínima que efectivamente puede consumirse y estar presente en el organismo de una persona, pero no tendrá ningún efecto sobre esta, así lo establecen criterios médico-científicos.

Ahora bien, para detectar esa presencia de cánnabis en el organismo que fundamente la sanción se realiza por parte de la fuerza actuante la conocida por todos como prueba del “drogotest”, que en realidad se denomina DRAEGER DRUGTEST 5000, un aparato del que interesa destacar, sobre todo, que tiene un margen de error elevado de inicio en la prueba que se hace en el momento. Este hecho, reconocido por la Fiscalía General, supone que entre el 10% y 12% de las primeras pruebas son erróneas, lo que puede llevar a situaciones de castigo inicial en personas que no han consumido cannabis en la vida, como es el caso de los fumadores pasivos, o que tras un periodo considerable de tiempo, den positivos simplemente por la mera presencia en el organismo de T.H.C. al margen de la afectación o alteración de este hecho a su conducción. Además de lo ya manifestado y la simple lógica, si hoy nos fumamos un porro no es muy descabellado pensar que dentro de 24 horas ya se nos haya pasado, hay que tener en cuenta que no se conocen con exactitud los tiempos que el THC puede permanecer en el organismo de una persona, dependerá de los hábitos, de la alimentación, o si se trata o no de un consumidor habitual.

Pese a ello, los datos que obran en el informe “Evaluación del dispositivo DraegerDrugtest 5000 para la detección de drogas de abuso en saliva” (Coordinador Manuel López Rivadulla, Santiago de Compostela, 2011) indican que estos aparatos son sensibles, es decir, dan positivo, a 5ng (nanogramos) por mililitro de saliva, no aclarando cuanto es eso en cantidad consumida, ni tampoco el tiempo transcurrido desde la última vez que se consumió. Si los análisis se realizan en un laboratorio, es menor aún el punto de corte, siéndolo de 1ng/ml para que el resultado sea positivo. Algunos estudios hablan que la duración del T.H.C. en saliva es de 12 horas, pero otros incluso lo amplían a días, como ya hemos dicho dependerá en todo caso de los hábitos de la persona y de si se trata o no de consumidores habituales.

Si por el contrario el análisis se realiza en sangre, análisis de contraste que voluntariamente tienen la posibilidad de realizarse el posible sancionado corriendo con los gastos del mismo en caso de dar positivo, estaríamos hablando de una posible duración, desde la última vez que se ha consumido, de aproximadamente 114 horas para los usuarios y 144 para los usuarios pasivos según el Instituto Nacional de Toxicología, lo que convierte aún más en un sinsentido la fundamentación de esta sanción, ya que no es lógico, ni racional, ni científicamente demostrable, que una persona que deja de consumir en un momento concreto, pueda tener afectación farmacológica por ese último consumo de cánnabis 5 días después.

En atención a esta legislación, ya en vigor desde hace casi dos años, hay en estos momentos interpuesto y admitido a trámite un Recurso de Amparo al Tribunal Constitucional por una sanción por conducción bajo los efectos del cannabis de una ciudadana no consumidora de cannabis (consumidora pasiva). Este recurso ha sido elaborado y dirigido desde el Estudio Jurídico BROTSANBERT y el Estudio Consultor S.I.C.A.G. donde después de un procedimiento administrativo primero y judicial después que va camino de durar ya cuatro años aún estamos en estos momentos, teniendo en cuenta la carga de trabajo del alto tribunal, a la espera de una sentencia que debe ser ya inminente, y que esperemos sea decisiva para declarar la inconstitucional esta ley. Ya que como hemos repetido y repetiremos hasta ser escuchados, que se detecte una sustancia en organismo de una persona no quiere decir que estemos bajo los efectos de la misma. Esto no es una cuestión que pueda regular una ley, o se está o no se está bajo los efectos de una sustancia, no debería haber entrado nunca el ordenamiento jurídico, ni ahora, ni nunca, a imponer sanciones por conductas que la ciencia ha probado que son inocuas (que no son nada), pero que a día de hoy, pese a la perplejidad de quienes somos conocedores de estos extremos, se siguen imponiendo.

Mientras esta situación sea la que es y no se revoque por el medio que sea esta ley, lo recomendable es no hacer ninguna manifestación, acogiéndonos a nuestro derecho de defensa, no firmar ninguna recepción de sanción en virtud del mismo derecho, y sobre todo, en cuanto tengamos oportunidad, pese a lo que se manifiesta al respecto de una posible segunda prueba que llegará, iniciar los trámites para recurrir la sanción, ya que el plazo, pese a que lo que se manifieste por la fuerza actuante, empieza a contar desde el mismo momento de la prueba, no hay que esperar a nada, ya que en la práctica muchos son los que se quedan a la espera de una segunda prueba, y lo que único que les llega es la sanción para pagar en vía de apremio, con un 20% de recargo y sin posibilidad de acogerse al descuento del 50%. En cuanto a la prueba de contraste en sangre, hay que tener en cuenta el tiempo indicado para que pueda dar positivo, para en su caso valorar su conveniencia y, más teniendo en cuenta, que el coste en caso de confirmación, es a cargo del conductor.

Esperamos haber sido de ayuda en cuanto a la información dada, los consejos expuestos y, sobre todo haber concienciado en la lucha contra esta injusticia que lo único que hace es, salvo contados casos donde si es evidente un estado de afectación, sancionar a ciudadanos por consumir.

Fuente: Estudio Jurídico BROTSANBERT.

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